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sociedad. De esta manera, el debate, el contexto en el cual se desarrolla ese debate y los
actores que intervienen son fundamentales para convertir las situaciones problemáticas en
problemas y ofrecer así una primera definición y en algunas circunstancias su pasaje a la
agenda de gobierno (Aguilar Villanueva, 1993, como se citó en Eissa, 2015). Ninguna
sociedad posee la capacidad ni los recursos para atender todas las necesidades y demandas de
sus integrantes. Sólo algunas son problematizadas, en el sentido de que ciertas clases,
fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos están en condiciones de
promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes (Oszlak y O’
Donnell, 1981). Una vez que los problemas pasan de la agenda pública a la agenda de
gobierno, es el Estado (a través de sus funcionarios) quienes tiene la posibilidad de resolver o
no el problema, ya que, en última instancia, las políticas públicas son fijadas e implementadas
por el Estado (Repetto, 1998, como se citó en Eissa, 2015). Pero no podemos entender al
Estado como un actor racional unificado, ya que existen a su interior una variedad de actores
y agencias que intervienen y que compiten entre sí, por lo tanto, cuando hacemos referencia al
Estado no es un actor monolítico que actúa racionalmente, dada la complejidad de elementos
que lo forman, de las relaciones que se establecen en la sociedad y de las distintas
percepciones y capacidades de influenciarse mutuamente (Eissa, 2015).
Por último, es preciso mencionar que el recorrido de las políticas públicas para Oszlak
y O´Donnel cuenta con una historicidad, es decir, tienen un surgimiento, una vigencia y
eventualmente una resolución. Es a partir de esa historia que debe partir la investigación de
las políticas públicas, porque es desde ella que las políticas adquieren sentido y pueden ser
explicadas (Oszlak y O’ Donnell, 1981).
Ahora bien, para comprender los procesos particulares de elaboración y ejecución de
políticas públicas en materia de CyT es imprescindible dar cuenta de lo que se entiende por
ello. Jean-Jacques Salomón las define como aquel conjunto de medidas colectivas tomadas
por un gobierno, con el propósito de, por un lado, impulsar el desarrollo de la investigación
científica y tecnológica, y por el otro, emplear los resultados de estas investigaciones para
alcanzar amplios objetivos políticos (1977:76). Los modelos organizativos de las políticas de
CyT ponen de manifiesto el perfil del Estado y el papel desempeñado por los distintos actores,
sean públicos o privados. En consecuencia, dar cuenta de las políticas de CyT implica centrar
la atención en las herramientas que utiliza el Estado para posicionarse y orientar las
instituciones en función de los intereses y visiones que predominan en el contexto político y
económico (Loray, 2017).
El nacimiento de la política en ciencia y tecnología
A partir de las experiencias con la investigación militar durante la Segunda Guerra
Mundial, especialmente el establecimiento de proyectos multidisciplinares a gran escala, y de
la compleja planificación e investigación en áreas como la electrónica, la radarización y
energía atómica, establecieron un giro decisivo en la historia de las políticas en CyT
(Salomón, 1973, como se citó en Loray, 2017). El país pionero entre 1945 y 1950 en política
científica fue los Estados Unidos, con la convicción del gran aporte que había significado la
ciencia para el triunfo del bloque de los aliados. El mayor propulsor de esa corriente fue el
asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte del gobierno. Sin embargo, para el
autor que un problema haya ingresado en la agenda pública no supone que automáticamente pase a incorporarse
en la agenda gubernamental y, menos aún, que se le dé un tratamiento prioritario, porque el gobierno no sólo
regula y actúa como filtro de esos problemas, sino que también puede ser iniciador de cuestiones en la agenda
pública. De esta manera, cuando un problema ingresa en la agenda gubernamental es nuevamente debatido y
definido (Aguilar Villanueva, 1993, como se citó en Eissa, 2015).